El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa una combinación de medidas económicas y estratégicas que están generando debate tanto en Wall Street como en los mercados energéticos internacionales. Su propuesta de imponer un límite del 10 % a los intereses de las tarjetas de crédito, junto con una ofensiva para consolidar la supremacía petrolera estadounidense —especialmente en relación con el crudo venezolano— promete transformar sectores clave de la economía global a partir de su toma de posesión el 20 de enero de 2026.
Control de intereses al 10 %
Trump ha anunciado que buscará un límite de 10 % a las tasas de interés de las tarjetas de crédito durante un año, con el objetivo de aliviar la carga financiera de los consumidores estadounidenses, que actualmente enfrentan tarifas medias cercanas al 20–30 % anual. La medida, programada para entrar en vigor el mismo día de su investidura, ha dividido a economistas, reguladores y entidades bancarias.
Desde el campo académico, defensores de la regulación financiera aplauden el intento de protección al consumidor. “Limitar tasas excesivas puede traducirse en un alivio de decenas de miles de millones de dólares para familias endeudadas”, señala Sarah Johnson, economista especializada en mercados de crédito. Pero los críticos advierten que una intervención tan directa sin claridad sobre su implementación podría reducir el acceso al crédito tradicional y empujar a los consumidores hacia prestamistas menos regulados, como los préstamos ‘payday’ o tarjetas de menor seguridad.
Los grandes bancos estadounidenses han criticado la propuesta advirtiendo que “puede restringir el acceso al crédito para individuos con perfiles de riesgo más alto”, y algunos gestores de fondos recuerdan que las tasas más bajas podrían obligar a la industria a replantear modelos de negocio basados en ingresos por intereses.
Petróleo, Venezuela y supremacía energética
Paralelamente, Trump ha iniciado movimientos estratégicos para consolidar el control estadounidense sobre el petróleo venezolano. Un decreto ejecutivo bloquea a los tribunales y a los acreedores privados el acceso a miles de millones de dólares en ingresos petroleros venezolanos gestionados por cuentas del Tesoro estadounidense, una jugada presentada como esencial para la estabilidad regional y la seguridad energética.
Además, altos funcionarios de su administración han incitado a las grandes petroleras a invertir en la infraestructura petrolera venezolana y se están negociando acuerdos para la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano a los Estados Unidos bajo control estadounidense. Esta estrategia forma parte de un impulso más amplio para posicionar a EE. UU. como actor dominante en los mercados de energía globales, aprovechando activos estratégicos que anteriormente estaban bajo control estatal.
Analistas de energía recuerdan que Venezuela posee algunas de las reservas más grandes del mundo, pero que décadas de falta de inversión redujeron su producción drásticamente. Para expertos en geopolítica del petróleo, este enfoque podría incrementar la influencia energética de Washington tanto en Occidente como en mercados asiáticos, aunque subrayan que la seguridad jurídica y el riesgo político siguen siendo factores críticos.
Reacciones del sector financiero y energético
Los grupos financieros han mostrado cautela. En declaraciones recogidas por Bloomberg, líderes empresariales señalan que “la combinación de intervención regulatoria en crédito y una agenda agresiva en energía complica la planificación empresarial”. Algunos consejeros financieros advierten que limitar las tasas de tarjetas de crédito sin un plan claro de implementación podría tensar las relaciones entre la Casa Blanca y la industria bancaria tradicional.
Mientras tanto, en el sector energético, los ejecutivos de compañías petroleras se muestran interesados pero cautelosos ante el panorama venezolano, dadas las complicaciones históricas de inversión y la necesidad de garantías legales y de seguridad para proyectos de gran escala.
“Estamos ante un replanteamiento profundo del equilibrio entre protección del consumidor, regulación financiera y política energética global”, destaca Antoni Moreno Arbona, director de ibeconomia.com. “Las decisiones de Trump pueden remodelar la estructura de los mercados financieros y energéticos, pero su efectividad dependerá de la capacidad de ejecución y del respaldo regulatorio y legal.”
