Tras más de dos décadas de negociaciones intermitentes, la Unión Europea ha dado finalmente luz verde política al acuerdo comercial con Mercosur, creando una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores potenciales. El pacto, desbloqueado pese a la oposición expresa de países como Francia y Hungría, marca un giro estratégico en la política comercial europea en un contexto global cada vez más fragmentado.
El acuerdo prevé la eliminación progresiva de cerca de 4.000 millones de euros anuales en aranceles, con un impacto directo sobre las exportaciones industriales europeas hacia Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Según estimaciones de la Comisión Europea, sectores como la automoción, la maquinaria, la química o los bienes de equipo serán los grandes beneficiados en el corto y medio plazo.
“Estamos ante un acuerdo que refuerza la competitividad industrial europea en un momento de creciente proteccionismo global”, señalan fuentes comunitarias citadas por analistas de comercio internacional. En concreto, se reducen aranceles de hasta el 35 % en automóviles y componentes industriales, al tiempo que se facilita el acceso de empresas europeas a licitaciones públicas en los países del Mercosur.
Desde el ámbito académico, expertos como Ignacio García Bercero, exdirector de Comercio de la Comisión Europea, subrayan que “el acuerdo UE-Mercosur no es solo comercial, sino geopolítico: busca reposicionar a Europa en América Latina frente a la influencia creciente de China y Estados Unidos”.
Impacto directo en España
Para España, el acuerdo abre una ventana de oportunidad relevante. Comunidades con fuerte peso industrial como la Comunitat Valenciana y Cataluña podrían beneficiarse especialmente, con un impulso a las exportaciones de componentes de automoción, maquinaria y bienes intermedios. Grupos con presencia en la región, como SEAT o Stellantis, parten con ventaja en un mercado que suma más de 270 millones de habitantes solo en Brasil.
Las proyecciones más optimistas apuntan a un crecimiento del 10-15 % en las exportaciones españolas hacia Mercosur en determinados sectores industriales. Además, empresas con fuerte implantación en la región —energía, telecomunicaciones y banca— podrían verse favorecidas por un entorno regulatorio más estable y previsible.
Las sombras del acuerdo: agro, medio ambiente y cohesión social
Sin embargo, el pacto no está exento de controversia. El sector agroalimentario europeo, especialmente el ganadero, alerta del impacto de la entrada de carne sudamericana a precios más competitivos. El acuerdo contempla una cuota anual de hasta 99.000 toneladas de carne vacuna, lo que ha provocado fuertes críticas en países como Francia y preocupación entre ganaderos españoles, especialmente en Galicia y Extremadura.
Las organizaciones ecologistas también ponen el foco en el impacto ambiental. Aunque el texto incorpora cláusulas vinculadas al Acuerdo de París y mecanismos de suspensión en caso de incumplimientos climáticos, ONG internacionales dudan de su aplicación efectiva. “Sin controles estrictos, el acuerdo puede acelerar la deforestación en la Amazonia y el Gran Chaco”, advierten expertos en sostenibilidad y comercio internacional.
En el lado sudamericano, el acuerdo es visto como un alivio para economías castigadas por aranceles y tensiones comerciales globales, pero también como un riesgo de reforzar un modelo basado en exportación de materias primas. Economistas argentinos y uruguayos alertan de posibles procesos de desindustrialización si no se acompañan de políticas industriales activas.
“El acuerdo UE-Mercosur es un movimiento estratégico de gran calado, pero no neutro”, afirma Antoni Moreno Arbona, director de ibeconomia.com. “Europa gana músculo comercial, pero España y la UE deberán proteger a los sectores más vulnerables y exigir un cumplimiento real de los compromisos ambientales.”
Protestas y malestar sector agrario español
Como hemos citado la luz verde política de la Unión Europea al acuerdo comercial con Mercosur ha sido recibida en España con una mezcla de expectativas industriales y una creciente inquietud social en el sector agrario. Mientras el Gobierno y los grandes grupos empresariales destacan el potencial exportador del pacto, el campo español —incluido el balear— ha vuelto a salir a la calle para advertir de sus riesgos inmediatos.
El acuerdo, que pone fin a 25 años de negociaciones entre la UE y el bloque de Mercosur, creará una zona de libre comercio de más de 700 millones de consumidores y eliminará cerca de 4.000 millones de euros anuales en aranceles. Para España, supone una clara ventaja competitiva en sectores industriales clave como automoción, maquinaria, química y bienes de equipo, con Brasil como principal mercado de destino.
Sin embargo, el calendario del anuncio ha coincidido con nuevas protestas de agricultores en varias regiones españolas, incluidas movilizaciones en Baleares, donde productores locales han denunciado la presión creciente de las importaciones y la falta de rentabilidad del sector primario.
Industria al alza, campo en tensión
Desde el punto de vista industrial, el acuerdo refuerza el posicionamiento de España dentro de la estrategia comercial europea. La reducción de aranceles de hasta el 35 % en automóviles y componentes favorece directamente a polos industriales como Valencia, Zaragoza o Barcelona. Según estimaciones de analistas del comercio exterior, las exportaciones españolas a Mercosur podrían crecer entre un 10 % y un 15 % en determinados segmentos.
“La UE busca reforzar su base industrial y diversificar mercados en un contexto global cada vez más proteccionista”, explican expertos en política comercial consultados por ibeconomia.com. En este sentido, el acuerdo se interpreta también como un movimiento geopolítico para reducir la dependencia de Asia y reforzar la presencia europea en América Latina.
Pero el reverso de esta estrategia se vive en el campo. El pacto permite mayores cuotas de importación de carne vacuna, azúcar, etanol y soja, productos que compiten directamente con la producción europea. En España, organizaciones agrarias advierten de un impacto especialmente negativo en la ganadería extensiva y en cultivos mediterráneos sometidos ya a altos costes energéticos y regulatorios.
Baleares: protestas y preocupación estructural
En Baleares, las movilizaciones de los últimos días han puesto de manifiesto un malestar que va más allá del acuerdo Mercosur. Agricultores y ganaderos denuncian una “tormenta perfecta”: subida de costes, exigencias medioambientales estrictas y competencia de productos importados con estándares más laxos.
“El problema no es solo Mercosur, sino la sensación de que el campo europeo compite en desigualdad”, señalan portavoces del sector agrario balear. El acuerdo actúa así como catalizador de un conflicto latente entre la política comercial europea y la sostenibilidad económica del sector primario en regiones periféricas e insulares.
Desde el ámbito ambiental, las críticas se intensifican. Aunque el texto del acuerdo incluye cláusulas vinculadas al Acuerdo de París, expertos en sostenibilidad dudan de su aplicación efectiva. El temor a un aumento de la deforestación en la Amazonia y el Gran Chaco vuelve a situar el pacto en el centro del debate político y social.
“Para España, el acuerdo UE-Mercosur es una oportunidad industrial clara, pero también una llamada de atención sobre el desequilibrio entre política comercial y realidad agraria”, afirma Antoni Moreno Arbona, director de ibeconomia.com. “Si no se acompaña de salvaguardas reales y apoyo al campo, el coste social puede ser elevado, especialmente en territorios como Baleares.”
La ratificación parlamentaria europea será el próximo punto crítico. Francia ya ha anunciado su oposición y en España el debate político y social irá en aumento si las protestas agrarias se intensifican en las próximas semanas.
