La vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de tensión social y política en España. En este contexto, la prórroga de la suspensión de los desahucios se presenta como una medida de protección social. Sin embargo, su impacto real sobre el mercado empieza a mostrar efectos secundarios que no siempre se explican con claridad.
Desde el ámbito jurídico, algunos expertos advierten de que las medidas bienintencionadas pueden generar distorsiones profundas cuando se prolongan en el tiempo sin un análisis estructural del mercado.
Proteger al vulnerable… ¿a qué coste?
La prórroga de los desahucios se diseñó para evitar situaciones de exclusión habitacional en colectivos especialmente vulnerables. No obstante, al afectar directamente al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica, la medida ha introducido un elemento de incertidumbre que ya se refleja en el comportamiento de propietarios e inversores.
Tal y como explica Víctor J. Cuenca, abogado especialista en Derecho Civil e Inmobiliario en Legal Steps, en una entrevista concedida a ibeconomia.com:
“La medida que busca proteger al vulnerable acaba indirectamente fabricando nuevas situaciones de vulnerabilidad.”
Una afirmación que resume una realidad cada vez más visible: cuando el marco legal penaliza el alquiler tradicional, la oferta se reduce, los precios suben y el acceso a la vivienda se complica precisamente para quienes se pretende proteger.
Menos oferta, más tensión en el mercado
Desde el punto de vista jurídico y económico, la prórroga prolongada de los desahucios tiene un efecto claro: desincentiva la puesta de viviendas en alquiler.
Muchos propietarios optan por:
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retirar inmuebles del mercado,
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venderlos,
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o derivarlos hacia fórmulas más seguras o restrictivas.
El resultado es un mercado más pequeño, menos flexible y con mayor presión sobre la demanda. En ese contexto, las personas con menos recursos son las primeras perjudicadas.
Seguridad jurídica y confianza: dos pilares debilitados
Uno de los elementos que más preocupan a los especialistas es la erosión de la seguridad jurídica. La previsibilidad normativa es clave para que el mercado funcione con normalidad.
Cuando las reglas cambian de forma reiterada o se prolongan medidas excepcionales, se genera:
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desconfianza,
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retraimiento de la inversión,
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y un efecto dominó sobre todo el sector inmobiliario.
Como señala Víctor J. Cuenca en la entrevista, el problema no es la protección social, sino la ausencia de soluciones estructurales que no carguen todo el peso sobre una sola parte del sistema.
El riesgo de cronificar soluciones temporales
Las medidas extraordinarias nacen para contextos excepcionales. El riesgo aparece cuando se convierten en estructurales sin una reforma profunda del modelo de vivienda.
En lugar de aumentar el parque público, agilizar la justicia o incentivar el alquiler asequible, se opta por prorrogar restricciones, trasladando el problema hacia adelante.
Esto genera un nuevo tipo de vulnerabilidad:
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propietarios pequeños expuestos a impagos prolongados,
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inquilinos excluidos del mercado formal,
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y una creciente economía sumergida en el alquiler.
Opinión editorial
Para Antoni Moreno Arbona, fundador y director de ibeconomia.com, el debate exige una mirada más amplia:
“Proteger al vulnerable es una obligación social incuestionable. Pero cuando las soluciones se basan únicamente en limitar derechos sin reforzar el sistema, se acaba debilitando el mercado y generando más exclusión a medio plazo.”
Una reflexión que apunta a la necesidad de políticas de vivienda estructurales, sostenibles y equilibradas, capaces de proteger sin destruir confianza.
Un debate que va más allá de lo jurídico
La prórroga de los desahucios no es solo una cuestión legal. Es un problema económico, social y de diseño de políticas públicas. Ignorar sus efectos colaterales supone asumir un coste que, tarde o temprano, termina pagando el conjunto de la sociedad.
Escuchar a los profesionales del Derecho y del sector inmobiliario resulta clave para entender qué está fallando y por qué.
