El acuerdo comercial UE-Mercosur, presentado como uno de los mayores tratados de libre comercio del mundo, acaba de entrar en su momento más delicado. La decisión del Parlamento Europeo de remitir el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha paralizado de facto su ratificación y abre un periodo de incertidumbre política, económica y jurídica que podría alargarse hasta dos años.
La Eurocámara ha solicitado al tribunal que determine si el acuerdo es compatible con los Tratados de la UE, especialmente en lo relativo a competencias comunitarias, salvaguardas medioambientales y protección del sector agrario. Aunque la Comisión Europea defiende la legalidad del texto, el movimiento parlamentario supone un freno relevante para un pacto que llevaba más de 25 años negociándose.
Desde Bruselas, fuentes comunitarias reconocen que el proceso judicial puede retrasar la entrada en vigor del acuerdo entre 18 y 24 meses, un horizonte que complica la planificación de empresas, inversores y gobiernos, tanto en Europa como en América Latina.
El campo europeo gana tiempo
La paralización ha sido recibida con alivio por buena parte del sector agrario europeo. En España, las protestas de agricultores y ganaderos se han intensificado en las últimas semanas, alertando del impacto del acuerdo sobre precios, rentabilidad y competencia desleal. Organizaciones agrarias consideran que el tratado no garantiza la reciprocidad en estándares ambientales y sanitarios.
Movilizaciones como las protagonizadas por asociaciones españolas en Estrasburgo reflejan un malestar creciente. “No podemos competir con productos importados que no cumplen las mismas exigencias que se nos imponen aquí”, señalan portavoces del sector, que interpretan el frenazo como una victoria parcial, aunque no definitiva.
Mercosur mantiene el pulso
Al otro lado del Atlántico, los países del Mercosur han reafirmado su respaldo político al acuerdo. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay consideran que la remisión al Tribunal no invalida el texto y confían en que el proceso judicial acabe desbloqueando su ratificación.
Para las economías sudamericanas, el acuerdo es visto como una vía para diversificar exportaciones, atraer inversión europea y reducir la dependencia de otros grandes socios comerciales. Sin embargo, economistas de la región advierten de que el retraso prolonga la incertidumbre y enfría decisiones empresariales clave.
Un acuerdo atrapado entre geopolítica y política interna
Más allá del comercio, el acuerdo UE-Mercosur se ha convertido en un símbolo de las tensiones internas de la Unión Europea. Mientras la Comisión lo defiende como una herramienta estratégica frente a Estados Unidos y China, varios Estados miembros y grupos políticos cuestionan su impacto social y ambiental.
“El freno al acuerdo UE-Mercosur refleja una fractura profunda entre la ambición geopolítica de la UE y la realidad social de sus sectores productivos”, afirma Antoni Moreno Arbona, director de ibeconomia.com
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“Europa gana tiempo, pero también se expone a perder credibilidad si no es capaz de equilibrar comercio, sostenibilidad y cohesión interna.”
El futuro del acuerdo dependerá ahora del pronunciamiento del Tribunal de Justicia y de la capacidad política de las instituciones europeas para reconstruir consensos. Mientras tanto, UE y Mercosur permanecen en una fase de espera que redefine, una vez más, el equilibrio entre apertura comercial y protección económica.
