Cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania y con una nueva guerra entre Estados Unidos e Irán, la economía mundial sigue atrapada en una combinación incómoda de bajo crecimiento, inflación intermitente y tensiones geopolíticas. En este escenario, la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón para una ofensiva contra Irán ha provocado la furia de Donald Trump, que ha llegado a amenazar con “cortar todo el comercio con España”. La cuestión de fondo es clara: ¿es una decisión coherente con los intereses económicos del país o una apuesta innecesariamente arriesgada?
Un tablero internacional dominado por la economía de guerra
Desde 2022, la guerra en Ucrania ha dejado de ser un shock puntual para instalarse como un conflicto de desgaste económico permanente. La economía ucraniana se ha visto obligada a funcionar en modo de emergencia, con gran parte de sus recursos públicos orientados al esfuerzo bélico y a la reconstrucción de infraestructuras críticas. Moscú, por su parte, ha abrazado un modelo cuasi militarizado: el peso del gasto en defensa en el presupuesto federal se ha disparado, a costa de inversión civil, servicios públicos y estabilidad a largo plazo.
Europa ha sufrido el impacto fundamentalmente a través del canal energético. En apenas unos años ha tenido que reordenar por completo su matriz de suministros de gas y petróleo, reduciendo drásticamente su dependencia de Rusia y recurriendo a nuevas rutas y proveedores. Esto ha encarecido los costes, ha alimentado la inflación y ha obligado a los gobiernos a desplegar paquetes de ayudas, topes de precios y reformas regulatorias de urgencia.
Al mismo tiempo, la tensión en Oriente Medio añade una capa adicional de riesgo. Cualquier escalada que implique a Irán, el Golfo Pérsico o vías marítimas estratégicas se traduce casi de inmediato en repuntes del precio del petróleo y del gas. En un mundo aún muy dependiente de los combustibles fósiles, la combinación de guerras prolongadas, sanciones y amenazas de bloqueo energético dibuja un entorno de incertidumbre estructural para empresas, hogares y Estados.
Este contexto ha acelerado una tendencia de fondo: la fragmentación del comercio mundial en bloques. Los países buscan asegurar suministros “entre amigos”, reubicar producciones estratégicas y blindarse frente a posibles embargos o sanciones. Para economías abiertas como la española, que han construido su crecimiento sobre la integración comercial y financiera, esta dinámica supone más vulnerabilidades que oportunidades.
España: economía abierta, dependiente de la energía y del exterior
España llega a esta nueva fase de inestabilidad con fortalezas y debilidades bien definidas. Entre las primeras, una economía relativamente diversificada, un sector turístico muy potente, una base industrial que ha resistido mejor de lo previsto y un proceso acelerado de transición hacia las energías renovables. Entre las segundas, una elevada dependencia de la energía importada, un peso importante del transporte y de sectores intensivos en combustibles fósiles, y una exposición significativa al ciclo económico europeo.
La crisis energética derivada de la guerra en Ucrania ya obligó al Gobierno a desplegar un amplio abanico de medidas: rebajas fiscales sobre la energía, ayudas a consumidores vulnerables y a transportistas, topes temporales al gas en la generación eléctrica y otras intervenciones destinadas a evitar un estallido social y empresarial. El coste fiscal de este escudo ha sido elevado y ha puesto de manifiesto que España no dispone de margen ilimitado para absorber nuevos shocks de precios.
Al mismo tiempo, el turismo, uno de los grandes motores de la economía nacional, se encuentra en una fase de crecimiento más moderado y sostenible tras el fuerte rebote post-pandemia. La llegada de visitantes internacionales y el gasto turístico se han recuperado con fuerza, apoyados sobre todo en la demanda europea. Sin embargo, este sector es extremadamente sensible a la combinación de renta disponible, precios de la energía y percepción de seguridad internacional. Un nuevo episodio de pánico geopolítico —o la sensación de que España se coloca en primera línea de un conflicto— podría alterar esa dinámica.
En este tablero, España no puede ignorar su relación con Estados Unidos. Washington es un socio comercial, inversor y de seguridad de primer orden. Las bases de Rota y Morón son piezas clave en la arquitectura defensiva de Estados Unidos y de la OTAN en el Mediterráneo y en Oriente Medio. Cualquier choque serio con la Casa Blanca, aunque sea de naturaleza política o militar, tiene implicaciones económicas potenciales.
El “no a la guerra” frente al “America First” de Trump
En este marco, la decisión de Pedro Sánchez de negar el uso de las bases españolas para una eventual ofensiva contra Irán debe analizarse más allá del ruido partidista. No es solo un reflejo ideológico, sino una elección estratégica que busca equilibrar tres planos: la legalidad internacional, el anclaje europeo de España y la delicada relación bilateral con Estados Unidos.
En el plano interno, el “no a la guerra” conecta con una memoria colectiva muy marcada por la experiencia de Irak. La opinión pública española es abrumadoramente reacia a implicarse en conflictos percibidos como ajenos y decididos de forma unilateral por Washington. Para cualquier Gobierno, apoyar sin condiciones una operación militar de este tipo supondría un coste político elevado, con posible traslación a la estabilidad institucional y, por derivada, a la economía.
En el plano europeo, España ha demostrado lealtad en el apoyo a Ucrania, en el régimen de sanciones a Rusia y en las decisiones adoptadas en el seno de la UE y la OTAN. Eso le permite ahora trazar una línea roja frente a la agenda de Trump sin aparecer como un actor díscolo o aislado. El mensaje es claro: España es un socio fiable dentro del marco europeo y atlántico, pero no está dispuesta a convertirse en plataforma de una guerra preventiva que no cuenta con el aval del Derecho internacional ni con un consenso aliado sólido.
El tercer plano es la relación directa con Donald Trump. El estilo del actual presidente estadounidense combina una retórica maximalista con una visión puramente transaccional de la política exterior. Quien no se alinea con su estrategia se arriesga a ser señalado públicamente y amenazado con castigos económicos o diplomáticos. España ya ha sido colocada en ese punto de mira, con declaraciones altisonantes sobre el “corte del comercio” y críticas a su supuesto escaso esfuerzo en defensa.
Costes potenciales de plantar cara a Washington
Resulta ingenuo pensar que esta postura es inocua. Decir “no” a la utilización de las bases españolas con fines ofensivos contra Irán entraña riesgos económicos concretos.
En primer lugar, está el flanco comercial. Estados Unidos puede recurrir a aranceles selectivos, trabas regulatorias o inspecciones reforzadas para castigar a determinados sectores españoles: vino, aceite de oliva, productos agroalimentarios de calidad o incluso bienes industriales específicos. Se trata de áreas donde España ha logrado una presencia relevante en el mercado estadounidense y que son políticamente sensibles en el ámbito rural e industrial.
En segundo lugar, está el canal de inversión. Multinacionales estadounidenses instaladas en España podrían reconsiderar futuras ampliaciones de capacidad, relocalizar proyectos o ralentizar decisiones de inversión a la espera de un clima político más favorable. Aunque estas decisiones raramente se presentan como sanciones abiertas, el efecto acumulado sobre el empleo y la actividad puede ser notable.
En tercer lugar, hay un riesgo de “prima política” en los mercados financieros. Una escalada verbal prolongada, con amenazas reiteradas desde Washington, puede introducir dudas entre algunos inversores internacionales sobre el grado de protección que ofrece el paraguas europeo frente a un eventual endurecimiento de la posición estadounidense. Aunque el impacto directo sobre la deuda o la bolsa pueda ser limitado, el ruido nunca es gratis.
Los costes de entrar en la guerra: el otro lado de la balanza
Sin embargo, la otra cara de la decisión es igual o más relevante: el coste de decir “sí” a la guerra. Permitir que España se convierta en plataforma de una ofensiva militar contra Irán implicaría varios riesgos de primer orden.
El primero es el de seguridad. Al facilitar una intervención directa, España se expone a represalias de carácter cibernético, terrorista o híbrido. No hace falta imaginar escenarios de guerra abierta: bastan ataques a infraestructuras críticas, campañas de desinformación o acciones puntuales que afecten al turismo o a la percepción de seguridad para generar un daño económico considerable.
El segundo es el energético. Una escalada bélica en el Golfo Pérsico puede disparar de nuevo el precio del petróleo y del gas, justo cuando Europa y España tratan de estabilizar su transición energética después del corte del gas ruso. Un nuevo shock de precios se traduciría en inflación, pérdida de competitividad, deterioro de la balanza por cuenta corriente y más presión sobre las cuentas públicas.
El tercero es el político-social. La implicación visible de España en una guerra impopular probablemente reabriría heridas internas, alimentaría la polarización y podría traducirse en protestas y desgaste institucional. Esta inestabilidad política acaba impactando en la economía a través de mayores dudas regulatorias, retrasos en reformas, freno a decisiones de inversión y peor percepción de riesgo país.
Una apuesta de prudencia que exige diplomacia fina
Puestas sobre la balanza, las dos opciones —alineamiento militar pleno con Trump o negativa a participar en su estrategia bélica— tienen costes y riesgos. La diferencia está en que los costes de entrar en guerra son, en buena medida, estructurales, difíciles de revertir y potencialmente muy elevados para una economía como la española. Los costes de plantar cara, siendo reales, son más acotables si se juega bien la carta europea y se maneja con inteligencia la interlocución con Washington.
Desde la óptica de un analista económico, la posición de Pedro Sánchez puede calificarse como una apuesta de prudencia. No es una decisión exenta de riesgos, pero sí coherente con tres objetivos de fondo: proteger la estabilidad interna, preservar el avance de la transición energética y reforzar el papel de España como socio europeo fiable, pero no subordinado automáticamente a los vaivenes de la política estadounidense.
La clave, a partir de ahora, estará en la gestión. España necesita blindar el respaldo de la Unión Europea, coordinar su mensaje con otros socios clave de la OTAN y desplegar una ofensiva diplomática en Estados Unidos que permita rebajar la tensión y transformar el choque frontal en un desacuerdo acotado. Al mismo tiempo, debe acelerar la diversificación de sus socios comerciales y energéticos, reduciendo la dependencia de cualquier relación bilateral concreta.
Decir “no” a la guerra y a la lógica del “conmigo o contra mí” tiene un coste, pero también define un perfil de país. En un mundo atravesado por la economía de guerra y la fragmentación de bloques, la combinación de prudencia militar, firmeza europea y defensa del Derecho internacional puede convertirse, precisamente, en la ventaja competitiva de España.
Antoni Moreno Arbona
Analísta y Director de ibeconomia.com
