Hay problemas complejos. Y luego está el de la vivienda en Baleares, que ya no admite matices: está completamente identificado, pero sigue sin resolverse. La paradoja no es nueva, ni siquiera local, pero sí cada vez más evidente. Mientras el diagnóstico se repite año tras año, la realidad se endurece para quienes intentan acceder a un alquiler o a una vivienda en propiedad.
La vivienda como eje de la desigualdad
En el actual paradigma urbano, el acceso a la vivienda se ha erigido como el eje gravitacional de la desigualdad social en España. No nos encontramos ante una mera fluctuación del mercado, sino ante una ruptura estructural que compromete la estabilidad del tejido urbano. El proyecto de investigación «Ciudades en transición: fragmentación urbana y nuevos patrones socioespaciales de desigualdad en el contexto post pandémico», participado por la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat de Barcelona y la Univesidad de Las Palmas de Gran Canaria, identifica la vivienda como el principal vector de segmentación socioespacial, condicionando no solo la capacidad de consumo de los ciudadanos, sino su derecho efectivo a la ciudad y la cohesión de la vida comunitaria.
Análisis experto sobre la crisis actual
En el marco del mencionado proyecto, se ha organizado la conferencia de Javier Burón, gerente de Nasuvinsa, empresa pública del Gobierno de Navarra, que volvió a poner cifras, contexto y crudeza a una situación que muchos ya perciben en su día a día.
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Fractura generacional y poder de mercado
El origen del conflicto no responde a un único factor. Es la suma de décadas de transformación económica, presión turística y decisiones políticas aplazadas. Además, el problema tiene una dimensión social clara. La estructura del mercado inmobiliario refleja una fractura generacional difícil de ignorar. La mayoría de propietarios y arrendadores pertenece a generaciones de más de 50 años, mientras que los inquilinos y quienes no pueden acceder a una vivienda son mayoritariamente jóvenes, millennials y generación Z. Esta distribución no es anecdótica. Define el equilibrio de poder dentro del mercado. Por un lado, quienes obtienen rentabilidad de los activos inmobiliarios. Por otro, quienes destinan una parte creciente de sus ingresos a pagar alquileres cada vez más elevados.
Evolución del modelo de propiedad en España
El fenómeno, además, tiene un componente cultural y económico. En apenas unas décadas, España ha pasado de ser un país de inquilinos a uno de propietarios, generando una acumulación de activos en determinadas capas de población. Ese cambio, que en su momento fue signo de progreso, hoy condiciona el acceso de nuevas generaciones.
Rentismo frente a función social
El debate no está en la existencia del mercado, sino en su funcionamiento. Burón no cuestiona la vivienda a precios de mercado, pero sí advierte del riesgo cuando el sistema se orienta hacia la maximización constante del precio y la rotación de activos. En ese punto, el mercado deja de ser un mecanismo de asignación eficiente y pasa a convertirse en un factor de exclusión. El concepto de “rentismo” aparece aquí como elemento clave. Obtener rendimiento digno de una propiedad es legítimo. El problema surge cuando esa lógica se intensifica hasta niveles especulativos, empujando los precios fuera del alcance de gran parte de la población. La distinción diagnóstica clave es la diferencia entre el rentismo y la especulación agresiva que prioriza el flujo financiero sobre la función social de la vivienda. Esta asimetría vital entre rentistas y precariado no es solo económica; se traduce directamente en una disparidad de representación política y poder electoral.
La presión externa en el territorio balear
En territorios como Baleares, donde la dependencia del turismo es estructural, el equilibrio se vuelve aún más delicado. La presión inmobiliaria no es solo consecuencia de la demanda local, sino que se debe significativamente también de factores externos que tensionan el mercado, fundamentalmente la inversión extranjera.
Propuestas para la «decomodificación»
Ante este escenario, las propuestas sobre la mesa son conocidas. Es urgente implementar un proceso de «decomodificación» que priorice la vivienda como infraestructura social. Esto implica reducir el espacio y los recursos destinados al «pasar» (turismo y tránsito) para incrementar el número de metros cuadrados dedicados al «permanecer y al estar» (hogar y residencia). Debemos transitar del negocio del flujo a la estabilidad de la estancia, crear un ecosistema que incluya a cooperativas de cesión, fundaciones, asociaciones y empresas de beneficio limitado, declarar zonas tensionadas para frenar subidas, construir vivienda social y vivienda asequible, ofrecer incentivos fiscales para alquileres asequibles y de larga duración, calificar permanentemente la vivienda protegida, gestionar la vivienda vacía.
Barreras estructurales y el peso del modelo económico
Algunas de estas medidas funcionan más como contención que como solución estructural. Es decir, evitan que la situación empeore, pero no resuelven el problema de fondo. Ese problema es más profundo: el modelo económico. Cambiar una estructura basada en turismo y actividad inmobiliaria requiere décadas, no legislaturas. Y ahí reside el verdadero bloqueo. El análisis introduce una dimensión incómoda pero esencial: la política. El mercado de la vivienda no es solo un sistema económico, es también un campo de incentivos electorales. Según el experto, los sectores que se benefician del modelo actual están más organizados que quienes lo sufren. Además, tienen mayor peso demográfico.
Prioridades en la agenda política
Este desequilibrio explica en parte la dificultad para aplicar reformas profundas. La vivienda compite con otras prioridades en la agenda política y, en muchos casos, no es el factor decisivo en el voto.
Un reto de voluntad política
El proyecto académico que enmarca este análisis estudia precisamente esa fragmentación urbana creciente, donde la desigualdad ya no es solo económica, sino también territorial y residencial. Baleares no es una excepción, pero sí un caso extremo. La combinación de presión turística, limitación de suelo y dependencia económica ha llevado el sistema al límite. Lo que en otras regiones es una tendencia, aquí se convierte en realidad inmediata. La vivienda en Baleares ya no es un debate técnico. Es una cuestión estructural que afecta a la cohesión social, al modelo económico y al futuro de una generación. El problema está diagnosticado. Las herramientas están sobre la mesa. La duda ya no es qué hacer. Es si realmente se quiere hacer.
