Las recientes protestas de agricultores en distintas regiones de España, incluida Palma de Mallorca, han puesto de relieve una serie de desafíos que enfrenta el sector agrario y rural, las protestas reflejan el descontento y malestar de los agricultores y ganaderos frente a los desafíos que enfrenta el sector, como la falta de rentabilidad, competencia injusta, presión fiscal, escaso respaldo institucional y regulaciones medioambientales. Desde 2020, estas manifestaciones se han intensificado en diversas regiones de España, manifestándose en cortes de carreteras, tractoradas, marchas y concentraciones.
El impacto de estas protestas se ha sentido en diferentes ámbitos, incluyendo lo social, económico y político. Por un lado, han generado una mayor conciencia y solidaridad hacia el sector agrario, especialmente reconocido como esencial durante la pandemia de la COVID-19. Por otro lado, han causado interrupciones en el tráfico, comercio, turismo y abastecimiento de alimentos, además de enfrentamientos con fuerzas de seguridad y otros grupos.
Las demandas de los agricultores y ganaderos varían según el sector y la región, pero generalmente se centran en tres áreas: precios justos, políticas agrarias favorables y desarrollo rural sostenible. Entre las medidas solicitadas se encuentran la revisión de los costos de producción, la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, reducción de impuestos, aumento de ayudas directas, protección de productos españoles ante importaciones, flexibilización de normativas medioambientales y mejora de infraestructuras y servicios rurales.
El Gobierno ha intentado abordar algunas de estas demandas con un paquete de medidas destinado a fortalecer el sector agrario, que incluye una ayuda de 269 millones de euros para 139,000 agricultores, la derogación de una ley europea sobre el uso de fertilizantes y la creación de una mesa de diálogo con organizaciones agrarias. Sin embargo, estas acciones no han sido consideradas suficientes por los manifestantes, quienes las ven como tardías, ineficaces o insuficientes.
El origen de gran parte de la problemática radica en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. La PAC, diseñada para proporcionar apoyo económico y estructural a los agricultores de la UE, ha sido objeto de críticas debido a su complejidad burocrática, la competencia de importaciones agrícolas más baratas y las recientes reformas que algunos consideran desfavorables para los agricultores españoles.
La complejidad burocrática de la PAC ha sido una fuente constante de frustración para los agricultores. Los procedimientos engorrosos y los requisitos administrativos han dificultado el acceso a las ayudas y subvenciones, lo que ha generado una sensación de desigualdad y falta de equidad en el sistema.
Por otro lado, la competencia de importaciones agrícolas de países extracomunitarios ha ejercido una presión considerable sobre los precios de los productos españoles y europeos. La entrada de productos más baratos en el mercado ha reducido los márgenes de beneficio de los agricultores locales, lo que dificulta su capacidad para competir en igualdad de condiciones.
Además, la última reforma de la PAC en 2021 ha generado controversia y descontento entre los agricultores. Si bien se esperaba que esta reforma abordara algunos de los problemas fundamentales del sector, muchos agricultores consideran que las medidas adoptadas no han sido suficientes para resolver sus preocupaciones y han exacerbado la situación.
Frente a este panorama, los agricultores han salido a las calles para exigir cambios significativos. Entre sus demandas se encuentran una reducción de la burocracia asociada a la PAC, medidas para proteger el mercado interno de la competencia desleal de importaciones agrícolas y una revisión de las políticas para garantizar una distribución más equitativa de los fondos disponibles.
En respuesta a estas protestas y demandas, se están explorando diversas soluciones para abordar los desafíos que enfrenta el sector agrario en España:
- Reforma de la PAC: Se está considerando una revisión integral de la PAC para hacerla más accesible y equitativa para los agricultores. Esto podría implicar simplificar los procedimientos administrativos, ajustar los criterios de elegibilidad para las ayudas y subvenciones, y establecer mecanismos de protección contra la competencia desleal.
- Promoción del consumo de productos locales: Se están implementando campañas de concienciación y promoción para fomentar el consumo de productos locales. Esto no solo apoyaría a los agricultores locales, sino que también contribuiría a fortalecer la economía regional y promover prácticas agrícolas sostenibles.
- Inversión en tecnología y formación: Se están destinando recursos para la implementación de nuevas tecnologías en el sector agrario, así como para programas de formación y capacitación destinados a mejorar las habilidades y la eficiencia de los agricultores. Esto podría ayudar a aumentar la productividad y reducir los costos de producción a largo plazo.
- Diálogo y colaboración: Se está fomentando el diálogo y la colaboración entre los agricultores, las organizaciones agrarias, las autoridades gubernamentales y otros actores relevantes. La búsqueda de soluciones consensuadas y la cooperación entre todas las partes interesadas son fundamentales para encontrar soluciones duraderas a los desafíos del sector agrario.
Tendencia a la baja en los puestos de trabajo anunciados y solicitados en el sector agrícola
En España, según datos gubernamentales de 2023, hay aproximadamente 881.000 personas empleadas en el sector agrícola y ganadero, de las cuales el 85,13% están ocupadas, mientras que el 14,87% se encuentra desempleada.
¿Cuál es el impacto de estas protestas en el mercado laboral?
En España, hay más de 750.000 agricultores y ganaderos empleados, cifra que supera a la de otros países de la Unión Europea como Francia o Alemania. A nivel nacional, Andalucía ocupa el primer lugar en número de trabajadores del campo, siendo la región con mayor superficie destinada a la agricultura y ganadería, seguida por Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Según datos recopilados por el portal de empleo Jobatus.es, actualmente hay 2.300 personas del sector agrícola buscando trabajo en este portal, con una destacada demanda de agricultores, ganaderos y profesionales especializados en el manejo de vehículos como tractores y recolectores. Además, se han publicado más de 1.140 ofertas de empleo relacionadas con el campo y la agricultura, lo que podría suponer un aumento del 0,45% en el sector si todas las vacantes fueran cubiertas. Sin embargo, se observa una tendencia decreciente en el crecimiento de este sector, como se muestra en el siguiente gráfico:
Jobatus.es también ha notado esta tendencia a la baja en los puestos de trabajo anunciados y solicitados en el sector agrícola, con una disminución del 6% en comparación con años anteriores. Con los avances tecnológicos y la creación continua de empleos en nuevos sectores, esta tendencia parece que seguirá disminuyendo en el futuro.
Aunque el sector primario solo representa el 4% del empleo total en España, es fundamental para el sustento de otras industrias y para mantener un cierto nivel de vida en la sociedad. Por lo tanto, es crucial evitar una caída tanto en la oferta como en la demanda de este sector, aunque en los últimos años se haya observado una tendencia negativa.
Los datos más recientes disponibles, correspondientes a 2023, indican que en el primer trimestre del año había 1.287.600 personas empleadas en el sector agroalimentario, lo que representa el 6,3% de la economía total del país. Esta cifra ha disminuido en 24.000 ocupados (-1,83%) en comparación con el trimestre anterior y en 47.000 personas (-3,52%) en comparación con el año anterior.
El prolongado paro de los agricultores está causando pérdidas millonarias en la economía española y está afectando a la realización de actividades cotidianas debido a los bloqueos de carreteras y la sobrecarga de los cuerpos de seguridad del Estado, que están ocupados en controlar las manifestaciones en todo el país.
En cuanto a las comunidades autónomas con mayor número de trabajadores agrícolas, Andalucía sigue liderando la lista, seguida por Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Aragón, Madrid, Navarra, País Vasco, Galicia, Baleares, Canarias, Cantabria, Asturias y Melilla.
