Economía

PIMEM preocupada por la limitación de la competencia por parte de organismos nacionales

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ibeconomia.com - jueves, 10 de octubre 2019 | 8:03 Hrs.

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) quiere manifestar su preocupación por una serie de situaciones, de ámbito estatal, que se han producido en los últimos días y que afectan gravemente a las pymes y autónomos de todo el territorio del estado y también a los de nuestra comunidad. Decisiones de altas instancias estatales y supraestatales que constituyen según la Plataforma Pymes, organización a la que está adherida PIMEM, “un claro ejemplo de limitación de la competencia y de imposición de barreras de entrada a la actividad económica”.

Tanto el presidente de PIMEM, Jordi Mora; como el presidente de la Plataforma Pymes, José Luís Roca, remarcan que estas decisiones y directrices suponen que “los oligopolios de rentas excesivas y empresas con posición de dominio de mercado se puedan beneficiar y mermen, de esta manera, la productividad de la economía española y balear; y de las pymes y autónomos”.

Estas decisiones, que benefician los intereses de estos oligopolios y empresas de dominio podrían implicar un efecto negativo en nuestra economía. Sobre todo, si finalmente la incipiente recisión económica se produce. Tanto desde PIMEM como desde Plataforma Pymes observamos que determinados Poderes del Estado y autonómicos “en vez de defender los intereses de la mayoría están intentando reforzar la protección sobre esta minoría de oligopolios de rentas excesivas y empresas dominantes, y eso nos preocupa”.

Mora quiere resaltar que estas decisiones por sí solas podrían pasar desapercibidas para las organizaciones empresariales de pymes y autónomos, pero que juntándolas “provocan un nuevo marco de mercado en el cual las pymes y los autónomos se encuentran indefensos y en el que aún menos podrán competir”.

Estas decisiones son las siguientes:

  1. Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la cual avala el Decreto de la Junta de Castilla y León 3/2017, del 16 de febrero, que regulaba las viviendas de uso turístico en Castilla y León.

Este decreto, como muchos otros, fue recurrido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por establecer barreras de entrada para el alquiler de viviendas de uso turístico. Desde PIMEM ya nos pronunciamos en favor “de la eliminación de barreras de entrada para el alquiler turístico” y de apoyo a la CNMC en sus acciones de recurso.

Tanto Roca como Mora quieren afirmar que acatan la sentencia del Tribunal Supremo, “pero no comparten la misma”. Aún menos en un momento tan inestable como el que se vive en todo el Estado y en especial en las Baleares por la quiebra del operador internacional Thomas Cook. “Tenemos la oportunidad de realizar un cambio de modelo. La industria turística española precisa de políticas de oferta distintas, que mejoren su productividad y que eviten la reproducción de modelos de concentración de actividad, como suponía el del operador Thomas Cook y que han demostrado el daño que puede causar a todo nuestro ecosistema empresarial en caso de quiebra. Necesitamos una regulación consensuada entre los diferentes actores que intervienen en estos sectores, las prohibiciones no benefician a la mejora del sistema, simplemente lo estancan y lo retrasan competitivamente”.

  1. El Consejo de Estado no tramitará por la vía de urgencia las circulares de la CNMC sobre retribución de redes de transporte y distribución de electricidad y gas.

En favor de las cuales la Plataforma Pymes y PIMEM se han manifestado como “un paso para lograr un precio energético más asequible para pymes y autónomos, mejorando con ello la productividad de la economía en general”.

La mejora de los canales de información beneficia a la competitividad empresarial de nuestro sistema. Consigue que los empresarios estén mejor informados y puedan distribuir mejor sus presupuestos. “La desinformación solo lleva al caos, del cual tan solo se benefician las grandes empresas”.

  1. El Consejo de Estado decide posicionarse en contra de la resolución administrativa de la CNMC por la cual se paralizaban los pagos a entidades financieras y Enagás de las indemnizaciones del Proyecto Castor y los reactiva.

Este tipo de decisiones de Altas Instancias Españolas suponen “un grave perjuicio” para la productividad de la economía de España y de Baleares “al mermar su competencia y por lo tanto la formación justa de precios”. Es más, la distribución de estos beneficios, que alcanzan los 1.350 millones de euros, puede suponer un “duro golpe” para nuestra economía.

Según Mora, “los aumentos de precios para pagar esta deuda serían sufragados por los ciudadanos, pymes y los autónomos. Además, debemos añadir que, de producirse una desaceleración económica, Baleares se vería doblemente perjudicada dada su insularidad y pluri insularidad y los precios se multiplicarían en comparación al resto de comunidades dejando a nuestra comunidad indefensa ante la competencia extranjera dados nuestros elevados costes”.

  1. La normalización de los “tipos de interés gravosos” que los bancos llevan a cabo en el momento en el que empresas/autónomos solicitan un préstamo inferior a un millón de euros.

Las grandes empresas y los oligopolios, a diferencia de las pymes y autónomos, se ven beneficiadas con un tratamiento de favoritismo por parte de las entidades bancarias.

“Se trata de una dificultad para las pymes y autónomos que no tienen las grandes (a las cuales, incluso no les cobran nada por la concesión de créditos cuantiosos). La mayoría de las pymes no suelen pedir créditos superiores a un millón de euros, por lo que son las que soportan los costes de explotación que tienen los negocios bancarios” explica el representante de PIMEM.

Actualmente los principios de Basilea III (marco regulador internacional para los bancos) establecen que el consumo de capital por parte de las entidades bancarias “debe ser mayor” en la financiación a las pymes y a los autónomos.

Esto quiere decir que se realiza “una auténtica penalización” a la hora de dotar de financiación bancaria a una pyme. Las entidades bancarias, tienen como preferencia comprar deuda pública de un país, “ya que no le consume capital” y dar créditos a oligopolios. Esta realidad responde a que los Estados “supuestamente no quiebran” y a que un oligopolio sin competencia “podrá repagar mejor una deuda”.

PIMEM quiere poner así de manifiesto la situación injusta que viven las pymes y los autónomos de las islas que en esta nueva clase de mercado la única manera de obtener financiación “es mediante créditos hipotecarios, sufriendo un tipo de crédito, en el cual el acreedor tiene grandes privilegios cuando los ejecuta”. Algo que, “no sucede entre entidades bancarias y grandes empresas”.

Como se ha remarcado al inicio del documento, estamos ante una situación autonómica, nacional e internacional “muy preocupante”, que debería, además, ser defendida por la Small -and Medium- Enterprises United (SMEUnited) en Europa.

Conclusión

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) quiere manifestar, de nuevo, su preocupación por estos hechos que afectan a las pymes de baleares y españolas, y a su competencia tanto autonómica, como nacional, como internacional.

Decisiones de organismos nacionales e internacionales que constituyen un ataque directo a la igualdad de competencia entre empresas y que tan solo buscan beneficiar a las empresas oligopolísticas y a empresas de grandes dimensiones. Desde Pimem defendemos claramente un capitalismo inclusivo, con igualdad de oportunidades entre empresas.

Son actitudes de este tipo las que limitan las actuaciones de las pymes y los autónomos y la posibilidad de su crecimiento. Esta serie de situaciones pueden provocar una merma paulatina de la productividad de nuestras empresas. Se está protegiendo a los mercados oligopolísticos de posibles recisiones o desaceleraciones de la economía española mientras que se deja indefensa al 95% del sector empresarial. Además, son las pymes y los autónomos los que deberán hacerse cargo de mantener la economía y de soportar todas las cargas económicas que las instituciones están hipotecando al beneficiar a estas grandes empresas. Una situación abusiva y desmesurada.

Por lo tanto y, por último, desde PIMEM y desde la Plataforma Pymes se quiere remarcar que se seguirá llamando la atención de actuaciones que van en contra de la igualdad de oportunidades y en contra de la competencia. Se apoyará la labor de la CNMC y se iniciarán los procesos necesarios para que se respeten los derechos de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos de las islas.

 

 

 

 

 


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