Tecnología

El 38% de los programas informáticos empleados por empresas de Baleares son piratas

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ibeconomía.com - martes, 14 de marzo 2017 | 9:35 Hrs. programas informáticos

El 38% de los programas informáticos empleados por empresas de Baleares no cuentan con licencia legal, según datos de IDC recogidos por la organización Business Software Alliance (BSA), que ha lanzado una campaña informativa para alertar sobre los “graves riesgos” legales y operativos por el uso de software sin licencia.

Así lo ha expuesto la entidad en una nota de prensa en la que advierte de que utilizar software sin licencia puede conllevar multas millonarias y otras penas para las empresas, y hasta 280.000 euros de multa y penas de hasta cuatro años de prisión para los administradores y directivos.

BSA, una organización que agrupa a empresas de software en defensa de los derechos de propiedad intelectual, ha puesto en marcha una campaña informativa para advertir a las empresas de Baleares sobre estos riesgos.

Según los últimos datos, en Baleares, casi cuatro de cada diez programas informáticos instalados en los ordenadores de las empresas es ilegal, al carecer de la correspondiente licencia del propietario. El índice de uso software sin licencia entre las empresas de Baleares se sitúa en el 38%, algo por debajo de la media del 44% para el conjunto de España.

Con esta tasa, BSA estima que el valor comercial del software ilegal instalado en Baleares podría alcanzar los 16 millones de euros.

AUMENTO DE DENUNCIAS

Es la primera vez que BSA/The Software Alliance realiza una campaña de este tipo en Baleares, “ante la persistencia de un problema que supone grandes pérdidas para los desarrolladores y fabricantes de software, así como un grave riesgo para las empresas, con serias consecuencias económicas y legales”, ha alertado en un comunicado.

La reforma del Código Penal en 2015 introdujo la responsabilidad penal directa de las empresas por infracciones contra la propiedad intelectual del software, añadida a la ya existente para los administradores y directivos de empresas por este tipo de infracciones, por las cuales podrían enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión y a multas de cientos de miles de euros, en el caso de los directivos.

Por su parte, las empresas pueden sufrir multas millonarias, suspensión de actividad, prohibición de contratar con la Administración Pública, pérdida de beneficios fiscales y otras penas previstas en el Código Penal.

En este sentido, desde BSA se alerta del “creciente número” de informaciones anónimas que se reciben cada año de casos de utilización de software ilegal, informaciones que pueden dar lugar a denuncias ante los juzgados mercantiles y a inspecciones de empresas por parte de los juzgados, y “conllevar cientos de miles de euros en indemnizaciones y regularizaciones para las compañías afectadas”.

Según el portavoz del comité español de BSA, Andrés Pi, “el software constituye una pieza clave en la productividad de cualquier empresa en cualquier sector” pero “aún hoy muchas compañías descuidan este activo y desconocen que con ello no solo están poniendo en riesgo su operatividad sino que pueden estar incurriendo en graves irregularidades”.

Con esta iniciativa, BSA quiere “desterrar la idea de que usar software sin licencia es más barato, y concienciar a más empresas de que pueden obtener mucho más valor del software si lo hacen de forma legal”.

La campaña puesta en marcha por BSA incluye una página web (www.leysoftware.net), y una línea de atención telefónica (900 834 947) para que empresas y directivos se informen sobre las ventajas del uso de software legal y las consecuencias operativas y legales asociadas a la instalación y uso sin licencia.


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