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Mónica Cirauqui, “La utilización de falsos autónomos puede resultar un muy mal negocio para la empresa”

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ibeconomia.com - domingo, 21 de enero 2018 | 10:12 Hrs.

Los ‘falsos’ autónomos cuestan más de 560M€ a la Seguridad Social. En las empresas es una práctica cada vez más común para contratar personal. La utilización de ‘falsos’ autónomos para cubrir puestos de trabajo a “bajo coste” es una práctica que siempre se ha incrementado en épocas de crisis económica. Se vuelve a hablar de ello porque se ha detectado que esta práctica se dispara en el marco de un mercado de trabajo sumamente precarizado y desequilibrado.

Mónica Cirauqui Borgoñoz, Graduada Social y Responsable técnico- jurídica, explica en esta entrevista, qué consecuencias tiene ser un “falso” autónomo ya que cada vez más trabajadores quedan afectados por esta forma de contratación que los deja en un desamparo legal, en las prestaciones que le pudieran corresponder y por consiguiente indemnización en caso de despido.

–          ¿Qué es el “falso autónomo”?

–          Con este término se denomina a la situación en la que una persona realiza su trabajo para una empresa con total sujeción y dependencia pero bajo la apariencia formal de autónomo y no de personal asalariado. Esto se produce cuando la empresa contratante “disfraza” la relación laboral como si de una relación mercantil se tratara, con la finalidad de eludir con ello el conjunto de derechos y obligaciones propios de las relaciones laborales. Para ello lo que se hace es formalizar contratos mercantiles en lugar de contratos de trabajo y cursar el alta del trabajador en la Agencia Tributaria como si de un empresario individual o profesional independiente se tratara, así como en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social en vez de en el Régimen General, con todo lo que ello comporta. A partir de aquí la relación se sitúa en su conjunto fuera de los mínimos, límites y garantías que para todo trabajador por cuenta ajena establecen la legislación laboral y los convenios colectivos. Así pues, a los falsos autónomos se les retribuye mediante la presentación de facturas y normalmente el “precio” lo fija la empresa unilateralmente, sin sujeción a los mínimos salariales que corresponderían por convenio. Pero no es sólo la retribución o las cotizaciones sociales que se eluden lo que queda afectado por esta práctica, sino toda la dinámica de la relación entre empresa y este trabajador, puesto que el desamparo legal se extiende a la totalidad de las condiciones de trabajo del falso autónomo, a las prestaciones de seguridad social que le pudieran corresponder y, por supuesto, llegado el caso, a las consecuencias derivadas de la decisión empresarial de dar por finalizada la relación sin alegar causa ni obligación de indemnizar por ello. Es cierto que en los últimos tiempos se ha dado a conocer de forma extensiva la problemática de esta situación y se detecta una mayor sensibilización social al respecto. Esto se debe, sobre todo, a la difusión mediática que se viene dando a este fenómeno a partir del incremento evidente de su utilización durante la última década. Sin embargo, el fenómeno en sí no es nuevo. De hecho, ya en los años 80 y 90 del siglo pasado se dictaron innumerables e importantes sentencias contra empresas que habían recurrido a esta figura de forma más o menos masiva. A lo largo del tiempo lo que hemos podido comprobar es que la utilización de falsos autónomos para cubrir puestos de trabajo “a bajo coste” tiende a incrementarse ostensiblemente en épocas de crisis económica y cuanto mayor es el índice de desempleo. El hecho de que ahora se esté hablando más de ello no es porque sea novedad, sino porque se ha detectado que esta práctica se ha vuelto a disparar durante la última década, precisamente en el marco de la crisis económica y de un mercado de trabajo sumamente desequilibrado y precarizado.

 –          ¿Qué les diferencia del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente?

–          El Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente, denominado comúnmente TRADE, es una figura no exenta de polémica por cuanto desde el mismo momento de su aparición mediante la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo (2.007) el TRADE se ha situado como figura jurídica en el terreno “de los grises”: presenta tanto características propias del autónomo “normal” como otras que más recuerdan a determinados derechos y obligaciones que operan en las relaciones laborales. Partiendo de ello es normal que a menudo cueste diferenciarlo del falso autónomo. Sin embargo, centrándonos en lo que establece el texto legal, el TRADE viene definido como un empresario individual o profesional que realmente ejerce su actividad por cuenta propia, esto es, bajo sus propios criterios organizativos, con sus propios medios y de forma diferenciada respecto a los trabajadores que prestan servicio laboral en las empresas para las que el TRADE ejerce su actividad. Debe disponer de la infraestructura productiva y material para llevar a cabo esa actividad y percibe la contraprestación económica pactada con su cliente asumiendo el riesgo y ventura implícito a los servicios prestados. El TRADE, para ser tal, además, no puede contar con empleados y por lo menos un 75 % de sus ingresos deben proceder de un solo cliente, que es del que se considera que depende económicamente. Obviamente, cada uno de estos requisitos debe ser analizado detenidamente en cada caso para determinar si un TRADE lo es o nos encontramos ante un falso autónomo. No son pocas las sentencias que han pormenorizado los criterios de ese análisis. En general, para diferenciar a uno del otro deberemos atender fundamentalmente al margen de independencia real con que cuenta el autónomo en el ejercicio de su actividad y a su capacidad de organizarse para ello mediante su propio criterio y medios. Está claro que si, por ejemplo, la empresa (supuesto cliente) “exige” al autónomo la prestación del servicio dentro de unos horarios rígidos que impone unilateralmente, si la actividad se organiza bajo las órdenes e instrucciones directas, concretas y permanentes de la empresa, sin dejar margen a que el autónomo tenga la menor capacidad de decisión u organización, no estamos ante un verdadero autónomo ni ante un TRADE. Aunque, repito, en la práctica no siempre resulta sencillo identificar a uno u otro de forma clara e inequívoca, seguramente porque la figura del TRADE en si misma y en su concepción legal resulta algo ambigua y confusa. En este aspecto, la irrupción de este tipo de autónomos en nuestro marco jurídico y su proliferación en determinados sectores del mercado de trabajo vino a complicar más las cosas de lo que ya estaban, añadiendo un nuevo frente de conflicto y de judicialización al ya existente antes de la aparición de los TRADE.

 –          ¿Qué “dudosas” ventajas tiene la empresa?

–          Obviamente las empresas que recurren a utilizar falsos autónomos lo hacen sobre todo por criterios económicos, para ahorrar costes. Pero, como ya hemos apuntado, no sólo por esto. Por una parte, el importe de las de las cuotas de seguridad social de un autónomo que cotice a base mínima es sustancialmente inferior a las de un trabajador en régimen general, pero es que, además, en el régimen de autónomos el obligado al pago de las cuotas es el propio autónomo y no la empresa, con lo que la empresa puede desentenderse totalmente de ese coste. Lo mismo sucede con las obligaciones fiscales que se derivan de esta situación y de las que responde directamente el autónomo. A nivel retributivo, situando al trabajador en una supuesta relación mercantil las empresas fijan lo que pagan a estos trabajadores sin atenerse a los salarios mínimos que por ley o convenio corresponderían. Sin embargo, más allá de las ventajas puramente económicas, se persigue también ignorar la totalidad de obligaciones y derechos que operan en las relaciones laborales. Con ello, condiciones de trabajo como la jornada, horarios, permisos retribuidos, excedencias, vacaciones, derechos de representación, protección frente al despido y un largo etcétera, quedan al margen de la relación y al arbitrio de una sola de las partes. Sin embargo, los graduados sociales sabemos bien, porque lo vemos y vivimos desde hace años en nuestro quehacer profesional, que la pretensión de esas ventajas puede acabar costando a las empresas que utilizan falsos autónomos mucho más de lo que hubiera supuesto formalizar la relación desde su inicio como lo que realmente es: una relación laboral. Y esto es así porque cuando se detectan estas situaciones por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o a partir de demandas que formulan los propios afectados ante los Tribunales las consecuencias económicas que se pueden acabar teniendo que afrontar resultan inevitablemente elevadísimas. Al final, pues, entre sanciones, diferencias salariales a favor del trabajador y el pago de las cotizaciones que se han venido evitando y su recargo correspondiente, la utilización de falsos autónomos puede acabar provocando el resultando opuesto al que se pretendía: un muy mal negocio para la empresa.

 –          ¿Cómo puede reclamar el falso autónomo?

–          Las personas que se encuentren en esta situación lo que deben hacer en primer lugar es asesorarse mediante profesionales especializados en derecho laboral y de seguridad social, como lo son los graduados sociales. Para reclamar ante estas situaciones la ley prevé las vías administrativas y judiciales oportunas (denuncias ante Inspección de Trabajo y demandas ante los Juzgados de lo Social), pero hay que saber que el camino por el que deben transcurrir estas reclamaciones no resulta a menudo ni sencillo ni rápido y que es fundamental contar, además, con los suficientes medios de prueba para emprenderlas con perspectivas de éxito y resarcimiento.

 –          ¿Si el trabajador prueba que ha tenido una relación directa con la empresa, ésta estará obligada a darlo de alta mediante un contrato indefinido y la correspondiente antigüedad?

–          Por supuesto, si se acredita que la relación que el trabajador mantiene con la empresa no es una relación mercantil sino laboral, ésta deberá regularizar esa situación y ello comporta el alta retroactiva en el régimen general de la seguridad social desde la fecha de inicio de la prestación laboral y el reconocimiento jurídico de que el contrato que vincula a las partes es de naturaleza laboral e indefinido, por lo que se adquieren la totalidad de derechos que derivan del contrato de trabajo, incluida la antigüedad. Sin embargo, hay que tener presente que no es lo mismo reclamar durante el transcurso de la relación que cuando ésta ya ha finalizado. Si estas reclamaciones se formulan cuando la empresa ha decidido ya prescindir del falso autónomo el reconocimiento de la relación laboral mediante sentencia no tiene por qué comportar que se recupere el empleo. En este caso, si se consigue probar que la relación mantenida era laboral, lo que se obtiene normalmente es el pago de la indemnización por despido, las diferencias salariales que se hayan podido generar y la regularización de situación del trabajador en seguridad social, incluyendo las cotizaciones que deberá abonar la empresa. Hay que saber que no es lo mismo reclamar durante el transcurso de la relación que se mantiene con la empresa que una vez ha finalizado ésta y tener presente que para cualquier acción de este tipo se deberán contar con suficientes medios de prueba.

 –          ¿Cómo puede ayudar un Graduado Social en este tipo de situaciones?

–          Precisamente los graduados sociales somos profesionales específicamente formados y experimentados en todo lo que incumbe a relaciones laborales y seguridad social. Nuestro grado de especialización en estos ámbitos es precisamente lo que nos define y constituye el contenido esencial de nuestra profesión. En consecuencia, el asesoramiento y representación por parte de un graduado social en este tipo de reclamaciones y litigios, como en cualquier asunto referido a derecho laboral y de seguridad social, es indudablemente de gran ayuda.


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