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Reforzar los derechos sociales, asignatura pendiente de la Constitución tras 40 años de vigencia

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ibeconomía - miércoles, 5 de diciembre 2018 | 11:21 Hrs.

La petición, que viene siendo reivindicada por el Tercer Sector de Acción Social desde hace años, implica elevar los derechos sociales a la categoría de fundamentales

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), ha señalado que “reforzar los derechos sociales es la asignatura pendiente de la Constitución tras sus cuarenta años de vigencia en España”. 

Ante la celebración del 40º aniversario de la aprobación del texto constitucional, la PTS reclama su reforma para que defienda, proteja y promocione los derechos fundamentales de las personas.

Esta petición pasa por la reformulación de los derechos sociales, culturales y económicos, que deben formularse como fundamentales de acuerdo a las cartas y tratados internacionales, según reclama la PTS.

Además, como representante del Tercer Sector, la Plataforma plantea que la Constitución haga un ejercicio de reconocimiento hacia las organizaciones sin ánimo de lucro surgidas de la iniciativa social que trabajan por el interés social y que los poderes públicos hagan una labor de reconocimiento del diálogo civil con las asociaciones y organizaciones más representativas.

Asimismo, la PTS considera necesaria la rectificación de la Carta Magna para que el Estado pueda disponer de una competencia de naturaleza compartida con las Comunidades Autónomas para desarrollar políticas de ámbito estatal que refuercen la cohesión social.

“El objetivo de la reforma que venimos reclamando desde hace años es dignificar, además de la vida de la ciudadanía, la de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente afectadas por el aumento de la desigualdad y la disminución del bienestar, heredadas de la crisis económica”, señala Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector.

Por otro lado, como medida complementaria, y en la línea de constitucionalización de los derechos sociales, la Plataforma exige la ratificación de la Carta Social Europea, revisada en 1996 y pendiente aún de asumirse por el Estado español, al considerarla un instrumento jurídico fundamental para garantizar el acceso a los derechos sociales de los pueblos de Europa.


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