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El Colegio de Abogados de Baleares se suma a las reivindicaciones para exigir mejoras en la justicia

* El órgano de gobierno colegial se ratifica asimismo en su exigencia de una mejora sustancial del baremo de indemnizaciones para los profesionales de la abogacía de oficio

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ibeconomia.com - martes, 15 de mayo 2018 | 4:53 Hrs.

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) ha acordado adherirse a las reivindicaciones y concentraciones que distintos operadores jurídicos han convocado para exigir mejoras y más medios en el servicio público de la Justicia, a la vez que se ratifica en la exigencia al ministerio de Justicia de una mejora sustancial del baremo de indemnizaciones para los profesionales de la abogacía de oficio.

El acuerdo de la Junta insta, además, a los poderes públicos a aumentar la inversión “en un servicio esencial en el Estado de Derecho”, así como a acometer todas aquellas reformas que permitan la consecución de los siguientes objetivos: un trato digno a los profesionales del Turno de Oficio; una justicia con medios e independiente; la adopción de medidas que posibiliten la conciliación efectiva de la vida familiar, personal y profesional de todos los agentes que intervienen en la administración de Justicia y la vinculación de la recaudación de las tasas judiciales al sistema de justicia gratuita.

Así, los miembros del órgano rector de la abogacía balear insisten en la necesidad de que el ministerio de Justicia mejore de forma sustancial las indemnizaciones que perciben los abogados adscritos al Turno de Oficio, lo que, recuerda, implica no solo la actualización y el incremento del actual baremo de pago, sino también el reconocimiento y la inclusión en el mismo de nuevos módulos, destinados al pago de determinadas actuaciones letradas que, pese al trabajo que implican, ahora mismo no están contempladas en baremo. Reclaman asimismo que se atiendan las particularidades propias de la pluriinsularidad.

Además, la Junta considera del todo necesario acometer las reformas legislativas necesarias para reforzar la independencia judicial y dotar a la Justicia de los medios materiales y humanos necesarios para que ésta “pueda funcionar de forma ágil, segura y eficiente, y ofrecer la respuesta adecuada que reclama – y merece- la ciudadanía”.

El acuerdo insta a la adopción de medidas que posibiliten la conciliación real de la vida profesional, personal y familiar de todos los agentes que intervienen en la Administración de Justicia.

Aboga también, por último, por que se establezcan los mecanismos que permitan vincular la recaudación obtenida con las tasas judiciales al sistema de justicia gratuita, en cumplimiento de lo que, a tal efecto, se establece en el artículo 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.


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